Escándalo en Puente Alto. Municipalidad adjudicó por trato directo servicio de arriendo a empresa vinculada a ex-Capitán de Carabineros, en contra de la normativa. ¿Qué está pasando en Puente Alto? Descubre la polémica licitación que ha causado controversia y ha llevado a un ex-Capitán de Carabineros a presentar su renuncia.
El nuevo arrendamiento de vehículos con Maquinarias Trafkin, por un valor de $250 millones mensuales durante cuatro meses ($1.000 millones en total), ha sido cuestionado debido a que uno de los dueños de la empresa, Carlos Orellana Bravo, es un capitán del OS9 de Carabineros. La normativa prohíbe a los funcionarios de Carabineros tener negocios con entidades públicas o estar sujetos a la fiscalización de la policía uniformada, pero aún así, la empresa fue contratada por trato directo.
El proceso de selección de un nuevo proveedor para el municipio ha sido cuestionado en el concejo municipal debido a la vinculación de las cuatro sociedades declaradas admisibles en la licitación con los dos dueños de la empresa anterior, la cual facturó un total de $18.500 millones durante 14 años consecutivos. Los dos dueños, Luis Mauricio Peña y Juan Carlos Farías, postularon por separado con empresas vinculadas a ellos mismos.
Una investigación realizada por CIPER descubrió que 31 de los 180 vehículos subcontratados por Peña y Farías al municipio eran propiedad de funcionarios y familiares de trabajadores del municipio. Además, se encontró que familiares de socios de otra empresa proveedora del municipio, Cicam, eran dueños de autos en la nómina de vehículos de Peña y Farías.
Por otro lado, Cicam, que es responsable de las áreas verdes de la comuna, está siendo investigada por el Ministerio Público por transacciones sospechosas con funcionarios del municipio.
En la última licitación, participaron cuatro sociedades: Transportes KS Limitada, L y M Transportes e Inversiones SpA, y Transportes DM SpA, que pertenecen a Peña o a algunos de sus familiares, y Inmobiliaria e Inversiones Farimont Limitada, de Farías. Esta última fue acusada de presentar una certificación falsa de cumplimiento de la norma técnica ISO 9001, lo que resultó en la declaración de la licitación como desierta.
Fuente: Ciper.
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