El día de ayer el noticiario de Chilevisión expuso un reportaje tratando supuestas irregularidades en el uso de fondos públicos por parte de la Municipalidad de Puente Alto. Son estas posibles irregularidades las investigadas por Contraloría que incluyen contratos millonarios destinados a transportes y ascensos injustificados.
Sería a principios de 2023 cuando la Municipalidad de Puente Alto contratara por trato directo a la empresa Trafkin de transportes para servicios municipales. El primer punto cuestionable que plantea el reportaje es que el representante legal de Trafkin era Carlos Orellana, miembro del cuerpo de Carabineros de Chile. No sería hasta después de dos días de efectuado el contrato con la municipalidad que Orellana renunciara al cuerpo policial. Esto supondría una “Falta a la Integridad moral del funcionario o al prestigio de la Identidad” establecido dentro del reglamento de Carabineros, puesto que Orellana participaría de un negocio fiscalizado por la misma entidad policial.
190 Vehículos fueron contratados con motivo de movilizar a personal municipal, en donde cada automóvil mantenía un costo de más de un millón de pesos. Sería Contraloría quien constatara una irregularidad en el pago en exceso de casi 46 millones de pesos por parte de la municipalidad a la empresa. Junto a esto, se identificaría diferencias en las horas trabajadas por los conductores (registradas en las bitácoras de la empresa) con las horas finalmente pagadas.
Según el reportaje, en el mes de abril del año pasado Trafkin solicitó un pago por 30 días trabajados por un conductor, mientras que en los registros de la empresa, este mismo trabajador solamente había ejercido sus labores once días. En el caso de otro conductor, también se solicitó el pago por treinta días, mientras que en la bitácora de la empresa, solamente tenía registrado 5 días trabajados.
Junto a esto, Contraloría identificaría que seis de los vehículos contratados pertenecerían a funcionarios municipales, mientras que otros treinta serían de propiedad de familiares de funcionarios. A esto se referiría René Borgna, Administrador municipal, quien declararía: “Sabíamos que eran de algunas personas […] No sé si es cuestionable, pero no se ve bien”.
Orellana, representante legal de Trafkin respondería a Chilevisión que los vehículos apuntados fueron “específicamente requeridos por la Municipalidad, bajo la comprensión de que estos venían de contratos anteriores. No se nos notificó oficialmente de conflictos de interés ni se nos solicitó cambiar esta modalidad hasta 9 meses después de la fiscalización.
Lo que causaría sorpresa sería que este febrero, al volver a abrirse un proceso de licitación de servicio de transporte municipal, el nombre de Trafkin volvería a aparecer postulado por la comisión evaluadora municipal, a pesar de la investigación de Contraloría. Aunque fue rechazada una nueva licitación, Trafkin sigue ejerciendo sus labores en la municipalidad, debido a una clausula en el contrato inicial que inhibe contratar a otra empresa hasta que Trafkin se adjudique otra licitación.
Junto a estas irregularidades investigadas, se apunta también a usos de fondos extraordinarios entregados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a distintos ascensos injustificados. Esto se dio a conocer debido a una denuncia anónima realizada a Contraloría.
Serían personas contratadas temporalmente que mantienen labores en servicios comunitarios quienes recibieron estos ascensos irregulares. Según la normativa de los fondos extraordinarios entregados, serían estos mismos trabajadores quienes no forman parte del plan beneficiario. Según Borgna todos los fondos recibidos fueron rendidos según los criterios de la Subsecretaría.
Los sumarios internos de la municipalidad siguen vigentes según el reportaje. Además, se informó que los 46 millones de pesos pagados en exceso a Trafkin, fueron restituidos por el mismo municipio.
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