Desde Contraloría General de la República, bajo el marco de un plan nacional presentado para auditar gastos y transferencias otorgadas por los municipios entre enero y septiembre de 2024, el organismo liderado por Dorothy Pérez fiscalizó la correcta utilización de recursos públicos en periodo electoral, donde se detectó inconsistencias y gastos improcedentes en más 30 municipios, entre ellos, el de Puente Alto.
Contraloría, en el marco de su fiscalización, informó que revisó las transferencias realizadas por 32 municipalidades al sector privado. El objetivo fue verificar que dichos recursos no presentaran conflictos de interés, que su uso se ajustara a la normativa vigente y que no estuvieran vinculados a actividades de campaña electoral ni a acciones de publicidad o difusión relacionadas con estas.
El resultado obtenido fue negativo: Todos los municipios fiscalizados en esta oportunidad realizaron mal uso de sus recursos públicos. Dentro de las municipalidades de la Región Metropolitana, se encuentra Puente Alto, donde el organismo detectó un gasto improcedente por $129.899.999 pagado a la empresa Administradora de Turismo Rosa Agustina por la producción del evento “Jornada de capacitación para dirigentes sociales de la comuna de Puente Alto”.
En el análisis entregado, se menciona: “No fue posible verificar que hayan invitado a la totalidad de dirigentes vecinales de la comuna, hecho que no satisface el requisito de tratarse de un evento destinado a toda la comunidad local”. Ante esto, se procedió a formular el reparo por el total del monto, con el fin de que sea repuesto.
En otra situación, se verificó que la municipalidad aprobó rendiciones presentadas por el Club Deportivo Leydis Senior Puente Alto por más de 30 millones de pesos, sin acreditar beneficios en compras de pasajes aéreos y su participación en competencias internacionales. En ello se constataron irregularidades en el uso de vehículos fiscales, participación de funcionarios en campañas electorales en horario laboral y por la revisión del libro de asistencia y remuneraciones, motivos por los que el municipio debe instruir un sumario administrativo.
Los demás municipios fiscalizados son: Recoleta, Maipú, La Florida, Santiago, Melipilla, La Pintana, Colina, Renca, Copiapó, Putre, Arica, San Pedro de Atacama, Calama, María Elena, Vicuña, Illapel, Camarones, Nancagua, Chiguayante, Rio Bueno, Talca, Los Lagos, Sagrada Familia, San Javier, Coyhaique, Aysén, Río Cisnes, Torres del Paine, Punta Arenas, Trehuaco, Pemuco.
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