El alcalde Matías Toledo confirmó que un funcionario municipal, proveniente de la administración anterior, estaría siendo investigado por eventuales irregularidades vinculadas a documentos falsificados y facturas cuestionadas por más de $1.000 millones.
La Municipalidad de Puente Alto inició un sumario administrativo tras detectar indicios que vincularían a un funcionario municipal con presuntos delitos denunciados ante el Ministerio Público y la PDI, relacionados con el uso de documentos falsificados y facturas ideológicamente falsas durante la administración anterior.
En conversación con BioBioChile, el alcalde Matías Toledo informó que el funcionario investigado proviene del periodo del exalcalde Germán Codina y que, debido a antecedentes preliminares, la actual administración decidió instruir un sumario de manera inmediata.
“Existen indicios que podrían sustentar la participación de un funcionario que viene de la administración anterior, y esta gestión actual lo tiene en investigación por otros hechos en los cuales también estaría involucrado; producto de esto se instruyó sumario de inmediato”, señaló el jefe comunal.
La denuncia del municipio apunta a la eventual comisión de delitos asociados al cobro de dos facturas por un monto superior a los $1.000 millones, situación que podría constituir una estafa o fraude al fisco. Además, se acusa la falsificación de un decreto alcaldicio y la utilización de facturas ideológicamente falsas.
Según explicó Toledo, las facturas cuestionadas corresponden a la empresa Pacific Green, la cual habría intentado gestionar su pago a través de factoring con Tanner y Finameris. El alcalde aseguró que dicha empresa no mantiene contratos vigentes con el municipio.
Respecto al estado de la causa, Toledo indicó que la querella fue presentada durante la semana en curso, por lo que aún no ha sido proveída por el tribunal y la PDI no ha iniciado diligencias investigativas. No obstante, afirmó que el municipio mantiene la convicción respecto de la gravedad de los hechos denunciado.
“Estamos frente a la falsificación de un instrumento público, con un decreto municipal evidentemente adulterado, y a la existencia de facturas ideológicamente falsas: documentos válidos ante el SII, pero cuyo contenido no corresponde a servicios reales o ya pagados”, enfatizó.
Finalmente, el alcalde advirtió que la municipalidad se considera potencial víctima de estafa o fraude al fisco, ya que existe el riesgo de que las facturas sean eventualmente cobradas por vía judicial, lo que obligaría al municipio a responder económicamente por operaciones que califica como irregulares.
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