Un grave caso judicial impacta a la comuna luego de que el Ministerio Público formalizara a siete exfuncionarios de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), pertenecientes a la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de Puente Alto, por su presunta participación en una organización criminal.
El noticiero T13 dio a conocer mediante un reportaje los antecedentes del caso y reveló detalles de la investigación, así como el presunto funcionamiento de la red al interior de la unidad policial.
De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía Metropolitana Occidente, los imputados habrían utilizado su calidad de funcionarios policiales para ejecutar robos conocidos como “mexicanas”, es decir, la sustracción de droga u otras especies a bandas criminales, aprovechando información privilegiada y procedimientos oficiales.
Desvío de droga y falsificación de procedimientos
La investigación sostiene que los exdetectives no solo habrían participado en estos robos, sino que además desviaron droga obtenida en procedimientos reales y alteraron registros oficiales. Por estos hechos, la Fiscalía les imputa los delitos de asociación ilícita, malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y tráfico de drogas, todos considerados de alta gravedad.
Uno de los hechos más graves apunta a la supuesta sustracción y posterior comercialización de cerca de 60 kilos de droga que debían ingresar a cadena de custodia. Según se detalló en audiencia, el propio dueño de la sustancia declaró que la cantidad incautada era considerablemente mayor a la informada en el procedimiento policial.
El Ministerio Público imputó a los acusados los delitos de asociación ilícita, malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y tráfico de drogas, todos considerados de alta gravedad.
Prisión preventiva y avance de la investigación
Las diligencias permitieron detectar inconsistencias en los registros institucionales y recuperar evidencia digital que habría sido eliminada. Peritajes tecnológicos resultaron clave para reconstruir el presunto modus operandi del grupo.
El tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los siete exfuncionarios, al considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación.
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