Megarreforma de Reconstrucción en Chile: El histórico pacto entre el Gobierno y el PDG que redefine el alivio económico

Tras intensas negociaciones en La Moneda, el Ejecutivo logró un histórico pacto entre el Gobierno y la bancada del Partido de la Gente, integrando medidas clave como la devolución del IVA en fármacos y beneficios tributarios para la clase media y las PYMES.

El panorama político chileno ha dado un giro estratégico este 22 de abril de 2026. En una jornada marcada por el pragmatismo legislativo, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast ha logrado consolidar una base de apoyo crucial para su ambiciosa Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico. La pieza fundamental de este rompecabezas fue el acuerdo alcanzado con el Partido de la Gente (PDG), cuya firma no solo asegura los votos necesarios en la Cámara de Diputados, sino que modifica sustancialmente el ADN del proyecto original para priorizar a la clase media.

El histórico pacto entre el Gobierno y el PDG esta centrado en el bolsillo de las familias

Lo que hasta ayer era una incertidumbre parlamentaria, hoy se transformó en un compromiso de 13 votos clave. El acuerdo, bautizado extraoficialmente como el “Plan Alivio Clase Media”, incorpora exigencias históricas de la bancada liderada por el PDG. El punto más disruptivo es, sin duda, la devolución del 19% del IVA en la compra de medicamentos y pañales. Esta medida busca mitigar directamente el costo de la vida en los hogares con enfermos crónicos y familias con niños pequeños, sectores que han sentido con fuerza los embates de la reciente crisis.

Además, el Ejecutivo cedió en materia impositiva para el motor productivo del país: las pequeñas y medianas empresas. Bajo el nuevo acuerdo, la tasa de impuesto a la renta para las PYMES se mantendrá fija en un 12,5%, evitando el aumento que se había barajado inicialmente y otorgando certeza jurídica para la inversión a largo plazo.

Los pilares de la “Megarreforma” de Reconstrucción

El proyecto ingresado al Congreso es una pieza legislativa de alta complejidad, con más de 200 páginas que contienen 43 medidas urgentes. El objetivo es doble: reconstruir las zonas devastadas por las catástrofes recientes y reactivar el empleo formal.

1. Reducción del Impuesto de Primera Categoría: El Gobierno propone una baja gradual del impuesto corporativo del 27% actual hasta alcanzar el 23%. Esta medida busca atraer inversión extranjera y fomentar la competitividad del mercado local.
2. Soluciones Habitacionales de Emergencia: Se contempla el financiamiento para la construcción inmediata de más de 4.000 viviendas, sumado a una exención de IVA para la compra de viviendas nuevas, un incentivo directo para reactivar el sector inmobiliario y facilitar el acceso a la casa propia.
3. Dignidad para el Adulto Mayor: En un gesto de justicia social, la reforma establece la eliminación total del pago de contribuciones para los mayores de 65 años, aliviando la carga financiera de miles de jubilados que hoy ven amenazado su patrimonio.
4. Incentivo al Empleo Formal: A través de un nuevo crédito tributario, las empresas recibirán beneficios por cada nuevo trabajador contratado bajo régimen legal, atacando directamente la informalidad laboral.

El financiamiento y el camino legislativo

Para llevar a cabo esta transformación, el Gobierno estima una movilización de recursos de aproximadamente US$3.000 millones. Este capital no provendrá de nuevos impuestos generales, sino de una combinación de ajuste fiscal, una mayor eficiencia en el gasto público y la proyección de crecimiento económico que generaría la misma reforma.

Con la firma del acuerdo en el Palacio de La Moneda, el proyecto inicia su tramitación con suma urgencia en la Comisión de Hacienda. El respaldo del PDG, sumado a las bancadas oficialistas, permitiría alcanzar una cifra cercana a los 90 votos, blindando la iniciativa frente a las críticas de la oposición más radical que cuestiona el recorte de impuestos corporativos.

Este miércoles no solo se ha ingresado una ley al Congreso; se ha puesto a prueba la capacidad de negociación de una administración que, frente a la adversidad de la reconstrucción, ha optado por el consenso técnico y el alivio directo al consumo básico de los chilenos.