Una grave denuncia mantiene en alerta a la comunidad educativa del Liceo Chiloé de Puente Alto, luego de que una familia acusara a un docente del establecimiento de presuntos abusos sexuales contra niños de 9 y 10 años. Frente a estos antecedentes, la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores dispuso la suspensión del trabajador e inició un procedimiento administrativo para determinar eventuales responsabilidades.
La situación fue dada a conocer públicamente el martes 17 de noviembre y motivó una serie de medidas por parte de la institución. Entre ellas, se encuentra la apertura de un sumario administrativo, la coordinación de apoyo psicosocial para la comunidad educativa y la colaboración con los organismos competentes.
En conversación sobre el caso, Nilo, secretario general de la Corporación Municipal, manifestó la preocupación de la entidad y explicó que la primera decisión fue iniciar una investigación interna para esclarecer los hechos denunciados.
“Nosotros estamos súper consternados con la situación. El día en la mañana nos presentamos acá y la primera decisión que hicimos fue abrir un procedimiento administrativo, un sumario administrativo que permita determinar las responsabilidades individuales de los hechos que se denuncian”, señaló.
Corporación explica por qué no detectó antecedentes previos del profesor
Uno de los puntos abordados por el secretario general fue el proceso de contratación del trabajador y los mecanismos utilizados para revisar sus antecedentes antes de su llegada al establecimiento.
Al respecto, Nilo aseguró que la Corporación realizó los procedimientos habituales de selección, incluyendo revisión de antecedentes y entrevistas psicolaborales, sin que se detectaran alertas que impidieran su contratación.
“Nosotros no teníamos antecedentes. Las personas que se contratan por la Corporación se revisan sus antecedentes, se hacen entrevistas psicolaborales y no hubo nada que detectara alguna alerta”, explicó.
Sin embargo, el representante de la institución también apuntó a una dificultad estructural que, según indicó, afecta a las corporaciones municipales: la falta de acceso a determinadas plataformas que permiten consultar sanciones o antecedentes de trabajadores en otras municipalidades.
En ese sentido, sostuvo que las corporaciones no cuentan con las mismas herramientas de consulta que tienen las municipalidades, lo que dificulta conocer eventuales sanciones administrativas aplicadas en otras comunas.
“Si él fue sancionado en otra comuna, ninguna Corporación tiene cómo ver las sanciones de otro municipio”, afirmó.
El secretario general agregó que esta deficiencia ya había sido informada a la Contraloría, con el objetivo de avanzar en mejoras a los mecanismos de revisión.
Sumario podría terminar con la destitución del trabajador
Respecto de las medidas adoptadas tras conocerse la denuncia, Nilo confirmó que la investigación administrativa determinó la suspensión del trabajador involucrado, con el objetivo de impedir que regrese a realizar funciones en el establecimiento mientras se esclarecen los antecedentes.
La autoridad explicó que, si el procedimiento acredita responsabilidades, la sanción máxima contempla la destitución y la prohibición de ejercer cargos públicos.
Además, aseguró que la Corporación está dispuesta a entregar los antecedentes a las autoridades correspondientes para contribuir a las investigaciones judiciales.
“Nosotros queremos que se sancione en base al estatuto administrativo, que corresponde a las sanciones máximas en el caso que existan responsabilidades y se acrediten”, sostuvo.
Apoyo psicosocial y coordinación con la comunidad educativa
Otra de las medidas anunciadas corresponde a la implementación de apoyo psicosocial para los integrantes de la comunidad escolar. Según explicó Nilo, se dispuso que las duplas psicosociales estén disponibles para acompañar a quienes puedan verse afectados por la situación.
También se contempla una instancia de diálogo entre la Corporación, la Municipalidad, docentes y asistentes de la educación, con el propósito de abordar las inquietudes y entregar mayor tranquilidad a las familias.
En cuanto al grupo familiar denunciante, el secretario general indicó que mantiene contacto con la Oficina Local de la Niñez, organismo que se encuentra a cargo del acompañamiento correspondiente. En esa línea, aseguró que buscan colaborar sin generar una sobreintervención de la familia.
Finalmente, Nilo confirmó que se reunirán nuevos antecedentes para ponerlos a disposición de Fiscalía y contribuir al esclarecimiento de los hechos.
La Corporación reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades y adoptar las medidas que correspondan, mientras las responsabilidades penales deberán ser determinadas por la justicia.
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