La Corte Suprema ratifica la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago y ordena a la Municipalidad de La Florida retirar los letreros de “Prohibido Estacionar” en varias calles del sector, argumentando la falta de fundamentación legal en la medida adoptada.
El 22 de noviembre , la Tercera Sala de la Corte Suprema de Chile ratificó una sentencia histórica en el caso de la instalación ilegal de señales de tránsito en La Florida. La Corte ordenó a la Municipalidad de La Florida proceder con el retiro de los letreros y lienzos que prohibían el estacionamiento en diversas calles de la comuna, tras determinar que la medida se adoptó sin la debida fundamentación administrativa.
La disputa comenzó cuando un ciudadano presentó una acción de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, acusando a la Municipalidad de La Florida y a su Director de Tránsito de adoptar una decisión arbitraria e ilegal. El recurso se originó por la instalación de señales de “Prohibido Estacionar” en las calles Rojas Magallanes, Las Tinajas y Uva de la Cordillera, entre otras, sin la debida formalización ni un acto administrativo escrito que respaldara la medida.
Según los antecedentes del caso, la municipalidad instaló los letreros de forma verbal, basándose únicamente en una instrucción directa del Director de Tránsito, sin contar con una ordenanza, decreto alcaldicio, o documento oficial que justificara la prohibición. Esto generó incertidumbre entre los vecinos y usuarios de las calles afectadas, ya que la prohibición de estacionar solo aplicaba a los no residentes, lo que supuso una clara discriminación y falta de transparencia en el proceso.
El afectado, que visitaba el sector en agosto de 2023, se percató de que todas las soleras estaban pintadas de amarillo y que se habían colocado numerosos letreros que prohibían el estacionamiento, salvo para quienes contaran con un tarjetón municipal. Ante la falta de documentación formal sobre la medida, el ciudadano solicitó acceso a la información bajo la Ley de Transparencia, pero la respuesta de la municipalidad fue que las señales habían sido instaladas por mandato verbal del Director de Tránsito y que no existía documentación oficial que respaldara la decisión.
El recurso fue inicialmente acogido por la Corte de Apelaciones de Santiago, que consideró que la medida tomada por la Municipalidad de La Florida violaba los principios fundamentales de probidad, transparencia y legalidad, al carecer de un acto administrativo debidamente fundamentado y escrito. En su fallo, la Corte de Apelaciones ordenó a la municipalidad retirar las señales de tránsito y formalizar la decisión conforme a la ley.
Al apelarse la decisión, la Corte Suprema revisó el caso y ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones, subrayando que los actos administrativos deben cumplir con los principios de motivación, transparencia y formalización, tal como lo estipulan la Ley 19.880 y la Constitución chilena. La Corte Suprema determinó que la decisión de prohibir el estacionamiento, tomada únicamente de forma verbal y sin la debida documentación, era arbitraria e ilegal.
En su resolución, la Corte Suprema hizo énfasis en que las decisiones de la administración pública, como las relacionadas con la gestión del tránsito y la señalización, deben ser tomadas mediante un acto administrativo formal, como ordenanzas o decretos, y no pueden basarse en instrucciones verbales. Además, destacó la importancia de garantizar la transparencia en la toma de decisiones, permitiendo así el control ciudadano y el escrutinio público de las autoridades.
El fallo también resalta que, al no existir un acto administrativo escrito, no se pudo conocer los fundamentos de hecho y derecho que motivaron la decisión de la municipalidad. Esto, según la Corte, constituye una violación de los derechos constitucionales del ciudadano afectado, quien no pudo acceder a la justificación legal de la medida tomada. En consecuencia, la Corte Suprema otorgó la protección solicitada, ordenando el retiro inmediato de los letreros de “Prohibido Estacionar” en las calles afectadas y estableciendo que la medida deberá ser formalizada conforme a los procedimientos legales establecidos.
Este fallo ha generado un importante precedente en la administración pública chilena, subrayando la necesidad de que las autoridades locales sigan procedimientos transparentes y legales al implementar medidas que afectan a los ciudadanos. Asimismo, pone de manifiesto la importancia de que las decisiones del gobierno local sean accesibles y verificables, garantizando así los derechos de los habitantes y la legalidad en la gestión pública.
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