La nueva normativa permitirá a las autoridades restringir y controlar funerales considerados de alto riesgo, un fenómeno que ha afectado a comunas como Puente Alto, que no ha sido ajeno a hechos de violencia y disturbios en cortejos fúnebres en el último tiempo.
La Ley de Funerales de Alto Riesgo, impulsada por el Gobierno y promulgada este miércoles por el Presidente Gabriel Boric con el lema “nuestros derechos se terminan cuando afectan los derechos de los demás”, busca regular funerales asociados a desórdenes públicos y situaciones de violencia. En comunas como Puente Alto, donde operan tres importantes cementerios, esta normativa apunta a contener un fenómeno que ha generado preocupación entre vecinos y autoridades locales.
La nueva ley permite a los delegados presidenciales catalogar un funeral como “de alto riesgo” mediante un informe técnico de Carabineros, emitido en menos de dos horas, con apoyo de la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería de ser necesario. Una vez calificado, se aplicarán medidas específicas para garantizar el orden público y limitar el impacto en la comunidad.
Entre las principales disposiciones destacan:
- Reducción de tiempos: Todo el proceso funerario de una persona vinculada a actividad delictiva deberá completarse en un plazo máximo de 24 horas. A diferencia de las 48 horas que es el plazo para funerales de “bajo riesgo”.
- Control en el traslado: Carabineros definirá la ruta del cortejo, evitará el bloqueo de calles y garantizará la seguridad del traslado del fallecido.
- Aumento en las penas: A partir de ahora, se establecerán sanciones más severas para las personas que en el contexto de un cortejo fúnebre, exhiban porte de armas, disparos, lanzamiento de bengalas o juegos artificiales.
En Puente Alto, esta ley responde a episodios recientes en cementerios locales que han sido escenario de funerales escoltados por disparos al aire y disturbios. Sectores como los circundantes al cementerio El Prado, en colegios, centros asistenciales y avenidas principales han visto bloqueos durante cortejos, generando críticas de vecinos que denuncian la alteración de su vida cotidiana.
La implementación de la normativa dependerá de la coordinación entre autoridades policiales y locales, quienes deberán velar por la rápida ejecución de las medidas dispuestas por esta legislación. Según el Ministerio del Interior, el objetivo principal es minimizar el impacto en la comunidad y garantizar la seguridad de los espacios públicos.
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