Cada 20 de febrero, el mundo conmemora el Día Mundial de la Justicia Social, una fecha que nos invita a reflexionar sobre las inequidades que afectan a nuestra sociedad. En Chile, una de las expresiones más crudas de esta injusticia es la crisis habitacional, un problema estructural que ha obligado a miles de familias a vivir en condiciones de hacinamiento y precariedad. Dentro de esta realidad, los “allegados” representan una de las caras más invisibilizadas del problema, siendo personas que, por falta de acceso a una vivienda propia, deben compartir techo con familiares o amigos, muchas veces en condiciones indignas.
En comunas como Puente Alto, la crisis habitacional se agrava debido a la alta demanda de vivienda y la falta de políticas efectivas que garanticen acceso a soluciones habitacionales dignas. La población enfrenta una situación de vulnerabilidad que se traduce en hacinamiento, falta de servicios básicos y un incremento de familias allegadas. Con casi 700 mil habitantes, Puente Alto es la comuna más poblada de Chile, y sus niveles de pobreza, precariedad laboral y déficit habitacional generan un escenario de alta fragilidad social. Muchas familias no pueden costear un arriendo, lo que las obliga a vivir en condiciones de hacinamiento o en viviendas informales sin acceso adecuado a agua potable, alcantarillado y electricidad.
El fenómeno de los allegados ha sido una constante en el país, reflejando la incapacidad del mercado y del Estado para garantizar el derecho a la vivienda. Se estima que más de 600 mil familias en Chile se encuentran en esta situación, lo que evidencia la magnitud del problema. Detrás de estos números, hay historias de personas que han pasado a vivir en espacios reducidos, sin privacidad, con limitaciones de acceso a servicios básicos y expuestas a una constante incertidumbre. Esta realidad no solo impacta en la calidad de vida, sino que también afecta la salud mental, genera conflictos interpersonales y una sensación de inestabilidad permanente.
La crisis habitacional en Chile no es producto del azar, sino de décadas de políticas públicas insuficientes para abordar el problema de manera estructural. La creciente especulación inmobiliaria, el alto costo del suelo urbano y la falta de regulación efectiva han generado un escenario en el que el acceso a la vivienda digna se ha convertido en un privilegio, en lugar de un derecho garantizado. Es urgente un enfoque integral que contemple la construcción de viviendas sociales de calidad, la regulación del mercado del suelo y el fortalecimiento de mecanismos de arriendo protegido.
Desde el trabajo social, la justicia social no es solo un concepto abstracto, sino una práctica cotidiana que busca transformar estas realidades. La intervención con familias allegadas no solo debe centrarse en la gestión de subsidios o en el acceso a soluciones habitacionales, sino también en la promoción de espacios de organización y participación comunitaria. Es clave fortalecer redes de apoyo, impulsar políticas de vivienda inclusivas y garantizar que el derecho a la ciudad sea una realidad para todos y todas.
Si realmente queremos avanzar hacia una sociedad más justa, es fundamental replantear el modelo de desarrollo urbano y habitacional. Se requieren políticas que prioricen la planificación urbana con enfoque social, incentivos para la construcción de viviendas asequibles y programas que fomenten el acceso a créditos hipotecarios para sectores vulnerables. Además, es imprescindible reconocer que el problema de los allegados no se soluciona solo con viviendas nuevas, sino también con estrategias que permitan mejorar las condiciones habitacionales existentes y fortalecer la cohesión social.
El Día Mundial de la Justicia Social nos recuerda que la vivienda digna no es un lujo, sino un derecho humano fundamental.
Mientras haya familias viviendo en hacinamiento, en campamentos o en situación de calle, nuestra sociedad seguirá estando en deuda con quienes sueñan con un hogar propio. Es momento de dejar de normalizar la precariedad y trabajar por soluciones concretas que garanticen el bienestar y la dignidad de todas las personas.
Maritza Ortega Palavecinos
Trabajadora social – administradora pública
Vecina de Puente Alto
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