Un delito llamado popularmente ”cablazo”, se trata de robar los cables públicos para luego vender el cobre, un negocio millonario que presenta altas cifras, del cual Puente Alto no está salvo.
La Compañía General de Electricidad (CGE), informó sobre un aumento significativo en el delito de robo de cables. Son más de 850 eventos reportados en todo el país en 2022.
En la comuna de Puente Alto, donde las denuncias ciudadanas dejan en claro esta problemática, se han registrado más de 900 metros de cable robado y 400 metros en San José de Maipo.
Pero esto no solo afecta a los vecinos y vecinas, es un problema a nivel nacional. El robo de cables se ha vuelto cada vez más común en Chile, afectando a las instalaciones eléctricas, su calidad y continuidad del servicio.
Además, puede poner en riesgo la seguridad de la población, causando accidentes e interrupciones. En 2022, siete personas fallecieron en Puente Alto y San Bernardo mientras intentaban realizar estos delitos, evidenciando el peligro de intervenir las redes eléctricas.
Las bandas delictivas que realizan estos robos son organizadas y cuentan con elementos, equipos y tecnología necesarios. Presionan a personas vulnerables para llevar su negocio ilícito a cabo.
CGE, registró 854 robos de conductor eléctrico entre enero y diciembre de 2022. Son 170 kilómetros lineales de cable sustraídos a nivel país, de los cuales 2200 metros corresponden a la Región Metropolitana. Esto ha llevado a la compañía eléctrica lamentar pérdidas millonarias.
Estas bandas delictivas se han apropiado ilegalmente de más de $363 millones equivalente a este material. Los gastos para normalizar los servicios eléctricos y la infraestructura dañada sobrepasaron los $2.977 millones.
El director de operaciones de CGE, Matías Hepp, ha señalado que la cantidad de metros de cobre sustraído se ha incrementado un 217% en comparación con el año anterior.
“Cada vez que se interrumpe el suministro eléctrico, las empresas grandes y pequeñas de la zona no pueden trabajar normalmente, los servicios públicos presentan problemas en el suministro, los colegios o la red de salud se ven obligados a suspender sus actividades y las personas pueden enfrentar problemas de seguridad pública. En suma, el delito afecta la calidad de vida de las personas”, señaló Matías Hepp.
El ejecutivo hizo un llamado a las autoridades a combatir este delito con mayor fuerza, dado el impacto que este tiene para las comunidades.
Carlos Rojo jefe de la Delegación San Bernardo de CGE indicó que hace pocas semanas se registró en la comuna de La Pintana un robo de cable de media tensión en instalaciones aéreas de la compañía. Durante el 2022 se registraron en las comunas de Puente Alto y San Bernardo robos de cables en instalaciones subterráneas con personas fallecidas.
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