El 21 de marzo es una fecha para visibilizar, concientizar y reflexionar sobre el Síndrome de Down. Pero, ¿qué pasa cuando la realidad supera los discursos de inclusión? ¿Cuando la noticia llega en una sala fría, de la manera más deshumanizada posible?
Aún hoy, en muchos hospitales y clínicas, el diagnóstico en el parto sigue siendo un golpe seco, sin contención ni empatía. “Su hijo tiene síndrome de Down”, dicen, casi como una sentencia, como si fuera una mala noticia, como si fuera un problema.
Para muchas madres y familias, esto llega como un shock, no porque amar a un hijo con síndrome de Down sea difícil, sino porque la sociedad aún no está preparada para acompañarlas. Y después del parto, la situación no mejora. El puerperio, que ya de por sí es desafiante, se vuelve aún más difícil cuando los equipos clínicos no están preparados para brindar un acompañamiento real. No hay un plan de acción ni guías claras para las familias; sólo incertidumbre y un sistema que, en vez de sostener, empuja al abismo.
Luego viene el torbellino de emociones, preguntas y miedos. Familiares y amigos opinan, preguntan, sugieren… pero pocos empatizan. Nadie te dice con claridad qué hacer, pero todos exigen respuestas. Y mientras tanto, la vida sigue y ese niño o niña necesita estimulación temprana, atención médica, educación y una red de apoyo que muchas veces no existe o está colapsada.
Y aquí es donde la brecha social se hace evidente. Tener síndrome de Down y ser parte de una familia con pocos recursos en Chile es sinónimo de obstáculos. Las terapias, la estimulación temprana, las consultas con genetistas, neurólogos, oftalmólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos… todo tiene un costo. Y la salud pública, con listas de espera interminables y escasez de especialistas, no logra responder a la urgencia de estos niños y niñas. Entonces, la única opción es pagar. Pero, ¿qué pasa cuando no hay cómo?
En Chile, tener a un niño o niña con síndrome de Down en una situación de pobreza implica aún más dificultades. Si no hay acceso a estimulación pagada, el desarrollo del niño se ve limitado. Y en muchos casos, uno de los padres (cuando hay papá presente) debe dejar de trabajar para asumir el cuidado, lo que aumenta el riesgo de caer en una pobreza aún más profunda. Si a esto se suma la falta de redes familiares de apoyo, el escenario se vuelve aún más desafiante.
A esto se suma otra realidad muchas veces invisibilizada: los padres y madres que trabajan y deben coordinarse para llevar a sus hijos a múltiples controles médicos y terapias. Muchas veces, esto significa pedir permisos laborales constantes, lidiar con empleadores que no comprenden la importancia de estas atenciones o que simplemente no flexibilizan. En algunos casos, las tensiones laborales se acumulan, provocando conflictos, renuncias forzadas o incluso despidos, lo que no solo afecta la estabilidad económica de la familia, sino también su bienestar emocional. La carga mental de cumplir con el trabajo mientras se intenta dar la mejor atención a un hijo con necesidades especiales es una lucha que pocos ven y muchos minimizan.
Las fundaciones y organizaciones que trabajan por la inclusión están sobrepasadas. Hay más demanda que recursos, más niños esperando atención que profesionales disponibles.
Sin embargo, en medio de este panorama complejo, hay iniciativas que demuestran que es posible hacer las cosas de otra manera. La escuela nueva creación en Puente Alto ubicada en la población Diego Portales, ofrece un equipo interdisciplinario gratuito y de excelencia, es un ejemplo de que la inclusión puede ser real cuando hay voluntad política y social para garantizar derechos.
Pero, ¿cuántas familias tienen acceso a algo así? ¿Cuántas siguen esperando sin respuestas?
Hablamos de inclusión, pero no incluimos. Hablamos de derechos, pero no todos los tienen.
Hablamos de protección, pero solo un grupo privilegiado accede a una atención integral y oportuna.
El camino de las familias con hijos e hijas con síndrome de Down no debería ser un laberinto de trámites, esperas y deudas. Debería ser un trayecto acompañado, sostenido por un sistema de salud, educación y protección social que realmente garantice derechos.
Como familia, hemos vivido esto. No es solo una historia ajena, es una realidad que golpea y duele. Porque el amor por nuestros hijos e hijas es inquebrantable, pero el sistema nos hace sentir que estamos solos, luchando contra un mundo que aún no entiende que la verdadera inclusión empieza por la equidad.
Este 21 de marzo, no basta con usar medias de colores o compartir frases motivadoras en redes sociales.
Es momento de exigir un país donde la inclusión no sea un privilegio, sino un derecho garantizado para todas las personas con síndrome de Down.
Que la inclusión no sea discurso, sino acción
Que cada niño y niña con síndrome de Down encuentre brazos que sostengan,
oportunidades que abran caminos,
y un país que garantice derechos, no que los niegue.
Porque la verdadera inclusión no es caridad, es justicia, es dignidad, es humanidad
Columna de opinión de Maritza Ortega, trabajadora social.
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