Durante este miércoles el Gobierno hará ingreso del proyecto que busca modificar la vigente Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Anunciado el pasado viernes, este proyecto de ley buscará delimitar en un máximo de 14 semanas la interrupción voluntaria del embarazo. Esta cantidad de tiempo es la misma definida por países como España, Argentina o Francia.
La ministra de la Mujer Antonia Orellana explicó que el proceso, de ser aprobado, busca realizarse “en Atención Primaria en Salud hasta las 12 semanas. En el plazo de 12 a 14 semanas, que de todas formas, de acuerdo a las cifras de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, son menos del 20%, la mayoría ocurre dentro de las 12 semanas, va a ser derivado a la Red Hospitalaria”.
Es la misma autoridad quien apuntó a un debate abierto entre las distintas miradas al proyecto, subrayando la importancia de no seguir con el “veto” de la discusión.
Junto con esto, Orellana fijó en cerca de 2.600 millones de pesos el gasto que tendrá que realizar el Estado para mantener esta opción. Los montos se dividen entre personal para realizar el procedimientos y medicamentos validados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
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