Abortar en la clandestinidad: cuerpos en riesgo, silencios impuestos y dignidades heridas.

Abortar en la clandestinidad no es una decisión libre. Es, en muchos casos, una medida desesperada ante la ausencia de condiciones dignas para ejercer el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Esta realidad, aún presente en numerosos países, implica no solo un atentado contra la salud física y mental de las mujeres, sino también una profunda herida a su dignidad y un silenciamiento de su humanidad. En este contexto, la soledad es un síntoma estructural: la mayoría de los hombres involucrados no están, no acompañan y no asumen responsabilidad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de 25 millones de abortos inseguros ocurren cada año en el mundo, la mayoría en países con legislaciones restrictivas. En América Latina y el Caribe, cerca del 75% de los abortos se realizan en condiciones de clandestinidad, y muchas veces en entornos precarios, sin garantías sanitarias ni acompañamiento médico o psicológico. Esta clandestinidad no es solo ilegalidad: es riesgo, es miedo, es abandono.

El impacto físico de un aborto clandestino puede ser devastador. Infecciones, hemorragias, infertilidad e incluso la muerte son consecuencias comunes cuando no existen garantías mínimas de seguridad. Según un informe de Guttmacher Institute (2018), cada año mueren alrededor de 23.000 mujeres por abortos inseguros, mientras cientos de miles más quedan con secuelas irreversibles. Pero estas cifras, aunque alarmantes, no alcanzan a reflejar la dimensión emocional y mental del daño.

Abortar en la clandestinidad implica vivir en el secreto, muchas veces acompañada solo por el temor y la culpa. La mujer no solo enfrenta el procedimiento sola, sino también el estigma social que cae sobre ella. La psicóloga feminista Marta Lamas advierte que “la clandestinidad no solo criminaliza el acto, sino también culpabiliza y aísla a la mujer, como si su maternidad frustrada fuese un crimen moral”. Este aislamiento genera consecuencias psicológicas profundas: ansiedad, depresión, trastornos del sueño, y, en algunos casos, pensamientos suicidas.

A todo esto se suma un silencio estructural: el del hombre. En la gran mayoría de los casos, los varones involucrados en el embarazo no están presentes durante el proceso, ni emocional ni económicamente. Esta omisión no es casual, sino resultado de una cultura patriarcal que deposita la carga total de la gestación y sus consecuencias en las mujeres. La filósofa Judith Butler diría que el cuerpo gestante se vuelve “material desechable” ante una lógica que instrumentaliza la vida femenina como portadora de futuros, pero nunca de presente.

Además, abortar sin acceso a redes de acompañamiento ni contención afectiva constituye una violación profunda de la dignidad humana. No se trata solo del derecho a interrumpir un embarazo, sino de ser reconocida como sujeto ético y autónomo, capaz de decidir, sentir, temer y sufrir. Cuando el Estado prohíbe o limita el acceso al aborto, niega esa condición y obliga a miles de mujeres a vivir su decisión en las sombras, como si el deseo de elegir fuera una falta.

Este abandono institucional y social perpetúa una estructura de desigualdad. Como señala la socióloga Silvia Federici: “En un sistema que no reconoce el trabajo reproductivo como trabajo, obligar a parir es obligar a servir sin salario y sin elección”. El aborto clandestino, en este marco, no es solo un drama individual, sino un dispositivo político que mantiene cuerpos femeninos subordinados al mandato de la maternidad.

Hoy, los movimientos feministas del mundo no luchan solo por legalizar el aborto, sino por desclandestinizar la experiencia de las mujeres, devolverles humanidad a sus decisiones, y exigir que ningún cuerpo más se someta al dolor en silencio. La legalización del aborto no es solo una medida sanitaria o jurídica: es un acto de justicia y de reparación histórica frente a siglos de control, culpa y exclusión.

Columna de opinión de Jessica Ortega.