La diputada Mónica Arce advirtió sobre la crítica situación que enfrentan miles de trabajadores de la educación en Chile: el 98% de los municipios del país mantiene una deuda previsional que supera los 512 mil millones de pesos. Esta morosidad, arrastrada por años, afecta directamente el sustento de miles de docentes, asistentes y funcionarios públicos que no han recibido sus cotizaciones previsionales.
“Mientras la Contraloría investiga con lupa a 25 mil funcionarios por licencias médicas irregulares, que representan una mínima parte del aparato público, nadie fiscaliza con la misma fuerza a los municipios que han jugado con el futuro previsional de sus trabajadores. ¿Dónde está la heroína que necesitamos ahora?”, lanzó Arce, dirigiéndose directamente a la Contralora Dorothy Pérez.
Desde su rol fiscalizador en la Comisión de Educación, la parlamentaria ha oficiado para que se revise el protocolo establecido en el artículo 34 transitorio de la Ley 21.040, que permite al Estado asumir temporalmente el pago de fondos previsionales, descontándolos luego desde el Fondo Común Municipal. Sin embargo, este mecanismo no contempla el pago de sueldos atrasados, una realidad aún más urgente.
Arce enfatizó que se requiere una nueva herramienta legal que permita regularizar el pago de remuneraciones impagas, un problema estructural que afecta directamente el sustento de miles de familias trabajadoras. En territorios como Chiloé, donde ya se ha implementado el modelo SLEP, la diputada solicitó a la Subsecretaría de Educación que oficie a los municipios para entregar informes financieros actualizados y poner fin a estas prácticas.
Además, la diputada compartió que ha presentado oficios en distintas instancias, y destacó un caso particular en Puente Alto, donde la corporación anterior decidió implementar la Ley de 40 Horas. En este proceso, se redujo la jornada laboral de 44 a 43 horas, lo que, aunque pareció una medida positiva, terminó perjudicando gravemente a las trabajadoras VTF de jardines y salas cuna, ya que sus sueldos se vieron reducidos en algunos casos hasta en 200 mil pesos mensuales por la forma en que se calculan sus bonos.
“El daño previsional es irreversible. Es tiempo de que se fiscalice con fuerza a quienes le han fallado durante años a los trabajadores de la educación. Basta de impunidad”, remató la parlamentaria.
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