El Gobierno decidió retirar 43 decretos ambientales que se encontraban en trámite en la Contraloría, una medida que ha generado preocupación y debate en torno al futuro de diversas políticas de protección ecológica en el país.
Según información oficial, los decretos corresponden en su mayoría a iniciativas impulsadas durante la administración de Gabriel Boric, y el Gobierno los retiró para revisarlos y ajustarlos a criterios técnicos y normativos antes de su eventual reingreso.
Decretos incluían protección de especies y territorios
El listado incluye una amplia gama de medidas ambientales. Entre ellas, destacan normas de calidad del aire, como la regulación de material particulado fino (MP 2,5) y de contaminantes como el plomo, además de normas de emisión para termoeléctricas, fundiciones de cobre y descargas de residuos líquidos.
También se contemplaban planes de descontaminación, como el de Puerto Aysén y el del Lago Villarrica, junto con regulaciones clave en materia climática, como la Estrategia Climática de Largo Plazo y planes de adaptación al cambio climático.
En materia de biodiversidad, los decretos incluían la protección de especies, como las ranitas de Darwin y el pingüino de Humboldt, además de reglamentos para la conservación de ecosistemas, especies invasoras y compensaciones ambientales.
A esto se sumaban nuevas áreas protegidas, como la creación de parques nacionales y reservas en distintas zonas del país, incluyendo el Parque Nacional Salar de Gorbea, Lagunas Bravas, Las Parinas y el Mar de Juan Fernández, además de áreas de conservación como Olivares-Colorado en la Región Metropolitana.
La decisión ha generado inquietud en organizaciones medioambientales y expertos, quienes advierten que este tipo de acciones podría retrasar la implementación de políticas clave para la protección de la biodiversidad y el combate a la crisis climática.
Desde el Ministerio de Medio Ambiente, en tanto, han señalado que el retiro de decretos en trámite es una práctica habitual al inicio de una nueva administración, con el fin de revisar su contenido y asegurar que cumplan con los estándares requeridos.
Pese a ello, el debate sigue abierto, especialmente por el impacto que podría tener esta medida en la continuidad de iniciativas ambientales consideradas urgentes por distintos sectores.
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