La subsecretaria Constanza Castillo entregó declaraciones tras la tercera sesión del Comité Estratégico de Auditoría instruido por José Antonio Kast, donde se dieron a conocer los primeros resultados de la revisión realizada al Estado.
La auditoría analizó antecedentes correspondientes al periodo entre 2022 y marzo de 2026, revisando más de 913 millones de registros provenientes de 500 servicios públicos. Entre los datos examinados se incluyeron transferencias, compras públicas, contratos, programas estatales y gestión de personal.
Según explicó Castillo, la revisión detectó alertas y situaciones que involucran recursos públicos por alrededor de US$ 9.200 millones. La autoridad aclaró que esto no significa necesariamente fraude, sino que también podrían existir errores, inconsistencias, mala gestión, debilidades de control o posibles irregularidades de carácter penal.
Entre los problemas detectados aparecen rendiciones bajas respecto a pagos realizados, entidades que recibieron fondos públicos sin inscripción correspondiente, compras ágiles repetidas al mismo proveedor el mismo día, incumplimientos contractuales, subejecución presupuestaria superior al 30%, licencias médicas sin recuperación de subsidios y concursos públicos desiertos.
Deuda postergada supera los US$ 3.200 millones
Uno de los principales hallazgos corresponde a la deuda traspasada al nuevo gobierno. La auditoría detectó la postergación de pagos desde 2025 a 2026 por aproximadamente US$ 3.200 millones, cifra equivalente a casi un 1% del PIB. Según Castillo, se trata del mayor nivel de pagos postergados en los últimos cambios presidenciales, superando ampliamente los traspasos anteriores entre gobiernos.
Esta situación afectaría directamente pagos a proveedores de programas sociales, servicios de salud y alimentación escolar, además de cerca de 10 mil pymes que prestaron servicios al Estado durante 2025 y que aún no habrían recibido sus pagos.
Uso reiterado de compras ágiles y trato directo
Otro punto relevante fue el uso reiterado de compras ágiles y tratos directos, mecanismos que deberían utilizarse solo de forma excepcional. Entre 2022 y 2026 se identificaron más de US$ 3.000 millones en compras realizadas bajo estas modalidades, pese a que en varios casos podrían haberse usado mecanismos competitivos.
Entre los organismos con mayores montos bajo trato directo aparecen CENABAST con US$ 700 millones, el Registro Civil con US$ 350 millones, el Servicio de Salud Sur con US$ 56 millones, JUNAEB con US$ 50 millones y el Hospital de Puerto Montt con US$ 44 millones.
En cuanto a compras ágiles, destacan el Hospital Clínico Metropolitano La Florida con US$ 24 millones, el Hospital de Puerto Montt con US$ 16 millones, el Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar con US$ 12 millones y el Hospital Regional de Iquique con US$ 9 millones.
La auditoría también reveló que al 12 de marzo de 2026 el Estado aún no recuperaba cerca de US$ 150 millones correspondientes a subsidios por licencias médicas de funcionarios públicos.
El comité instruyó auditorías e investigaciones específicas en distintos organismos. Entre ellos se encuentra JUNAEB, donde se detectaron posibles irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar, incluyendo pagos por raciones no servidas y posibles sobreprecios.
También se investigará al Ministerio de la Mujer, especialmente al Servicio Nacional de la Mujer y a Prodemu, por problemas en el uso de recursos públicos y debilidades de control financiero. A esto se suman revisiones al Ministerio de Transportes y a la ANID, donde se detectaron problemas de rendición, control y supervisión de recursos públicos destinados a distintos programas y proyectos.
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