El expresidente Gabriel Boric criticó los cobros impulsados contra deudores del Crédito con Aval del Estado y acusó una “contradicción” política tras el rechazo en el Senado a la norma que permitía levantar el secreto bancario por vía administrativa.
El expresidente Gabriel Boric utilizó su cuenta de X para referirse a dos temas que marcaron la agenda nacional: los embargos a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) y el rechazo en el Senado al levantamiento del secreto bancario por vía administrativa.
A través de una publicación, el exmandatario cuestionó que se impulsen medidas de cobro contra personas endeudadas por estudios superiores, mientras sectores políticos votaron en contra de una herramienta que, según sus defensores, buscaba fortalecer la persecución del crimen organizado y el lavado de dinero.
Boric apunta contra los embargos del CAE
En su mensaje, Boric sostuvo que durante su gobierno existía un “consenso técnico” para avanzar hacia un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y aliviar la deuda del CAE. Sin embargo, acusó que la derecha se negó a legislar en esa materia.
Además, el exjefe de Estado expresó su solidaridad con quienes han enfrentado embargos o vaciamiento de cuentas bancarias por deudas estudiantiles. Según planteó, estas medidas afectan directamente a familias de clase media que, en muchos casos, llevan años pagando montos superiores al valor original de sus carreras.
La controversia se da luego de que la Tesorería General de la República (TGR) iniciara acciones de cobro contra deudores morosos del CAE. Desde el Gobierno han defendido la medida y han señalado que los procedimientos apuntan principalmente a personas con mayores ingresos. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que cerca de 30 mil personas se acercaron a regularizar su situación y que los embargos afectan a menos de 1.500 deudores, en su mayoría con ingresos superiores a los $3,5 millones mensuales.
Rechazo al levantamiento del secreto bancario
El mensaje de Boric también apuntó al debate legislativo sobre el secreto bancario. En el Senado, la norma que permitía levantarlo por vía administrativa fue rechazada tras una votación empatada de 24 votos a favor y 24 en contra, por lo que el punto pasó a Comisión Mixta.
La medida formaba parte del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, iniciativa que busca entregar más herramientas para investigar delitos financieros, lavado de activos y redes vinculadas al crimen organizado.
“¿Dónde están las prioridades?”, cuestionó Boric en su publicación. En esa línea, criticó que se justifiquen medidas duras contra familias endeudadas por estudiar, pero no se habiliten instrumentos para perseguir el movimiento de recursos asociados a organizaciones criminales.
Debate genera tensión política
La discusión escaló rápidamente en el mundo político. Desde la oposición al actual Gobierno se han impulsado iniciativas para frenar los embargos sobre cuentas bancarias de deudores del CAE. Una de ellas es el proyecto denominado “sueldos protegidos”, que busca asegurar que las remuneraciones mantengan su carácter de inembargables incluso después de ser depositadas en una cuenta bancaria.
Por otro lado, desde el oficialismo han defendido la ofensiva de cobros. El Ejecutivo ha insistido en que las deudas deben pagarse y que existen mecanismos de reprogramación para quienes busquen regularizar su situación.
Además, la Comisión de Educación de la Cámara acordó citar a la TGR para que explique los criterios, procedimientos y efectos de los embargos aplicados a deudores del CAE. La solicitud busca conocer los fundamentos de las medidas y revisar su proporcionalidad.
Críticas por doble estándar
Para Boric, el centro del debate está en lo que calificó como una contradicción política. A su juicio, resulta cuestionable que se actúe con dureza frente a deudores educacionales, pero no se avance con la misma decisión en medidas para enfrentar el crimen organizado.
El expresidente llamó a las fuerzas progresistas a impulsar acciones para detener los embargos y avanzar hacia un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. También pidió mantener el foco en la persecución de las redes criminales y sus rutas de financiamiento.
La polémica mantiene abierto un debate nacional sobre los límites del cobro de deudas estudiantiles, la protección de los ingresos familiares y las herramientas que debe tener el Estado para combatir delitos económicos.
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