Un video difundido en redes sociales generó amplio impacto durante las últimas horas, luego de que una cajera de peaje relatara, visiblemente afectada, la experiencia de seguir cobrando a conductores en medio de la emergencia por los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío.
En el registro, la trabajadora explicó la tensión vivida en su jornada laboral, marcada por la desesperación de personas que buscaban llegar a sus hogares o trasladarse para ayudar a familiares y comunidades afectadas por el fuego.
“La gente pide que liberen o levanten los peajes, desesperada, querían ver a sus familias, ir en ayuda”, señaló la cajera mientras continuaba cumpliendo sus funciones. En el mismo video agregó que las molestias de los conductores se canalizaban hacia las trabajadoras del peaje: “Ni les digo cómo nos retan a nosotras, es su forma de quejarse. Que por qué no abrimos las barreras”.
Con la voz quebrada, la mujer describió la situación como: “Es lo más frustrante que me ha tocado vivir al punto de las lágrimas, porque es terrorífico, por decir lo menos”, expresó. Cabe señalar que las personas que trabajan en los peajes no son responsables de las decisiones operativas, reconociendo también la frustración de quienes intentaban desplazarse en medio de la emergencia.
Respuesta del Gobierno
Tras la viralización del video, el Gobierno se refirió a lo ocurrido. La ministra de Obras Públicas, Jessica López, calificó la situación como un error acotado en el tiempo. “Tuvimos un, para decirlo elegante, descriterio temporal de tres horas en la administración de una de las rutas concesionadas; eso ya se corrigió”, afirmó.
En la misma línea, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, explicó que la concesionaria involucrada no habría respetado las instrucciones vigentes. Según detalló, “la concesionaria desobedeció lo decretado por el Ministerio de Obras Públicas, que es que, en el contexto de incendios que afectan determinadas áreas, no se cobre peaje”.
El secretario de Estado precisó que la decisión fue tomada por un gerente de una empresa concesionaria y que, una vez informada la situación al MOP, se ordenó liberar el tránsito. Además, recalcó que, si bien las autopistas son administradas por empresas privadas, en escenarios de emergencia el Gobierno ha decretado el libre tránsito para facilitar el desplazamiento de personas y equipos de apoyo.
El caso abrió un debate público sobre los protocolos aplicados durante catástrofes, la coordinación con las concesionarias y las condiciones laborales de quienes cumplen funciones esenciales en medio de crisis, poniendo el foco tanto en la urgencia humanitaria como en el impacto emocional que estas situaciones generan en trabajadores y usuarios.
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