Mientras el área sanitaria da el alta, las respuestas desde el área social gubernamental no tiene respuesta. Mientras se libera una cama, no hay una red que reciba. El abandono no es solo familiar: es sistémico. Estamos frente a una urgencia sociosanitaria.
Desde el año 2016, distintos medios de prensa, reportajes televisivos y columnas han venido visibilizando la realidad de las personas mayores abandonadas en hospitales tras recibir el alta médica. Hemos visto notas conmovedoras, historias que estremecen y alertas de trabajadores/as sociales que alertan sobre una vejez vivida en soledad forzada.
Y sin embargo, entre 2016 y hoy, nada ha cambiado en la política pública. Ningún rediseño profundo del modelo de cuidados. Ningún aumento significativo de camas sociosanitarias, que, aunque necesarias, son solo una respuesta paliativa. Lo que sí ha aumentado es el número de casos. Más de 11 mil personas mayores han sido abandonadas en hospitales públicos desde 2018. Y el Estado sigue mirando de lejos.
Es legítimo preguntarse: ¿para qué se hace visible una realidad si no hay voluntad de transformarla? ¿Para generar compasión momentánea? ¿Para cubrir el expediente político de “haberlo dicho”? ¿O para que, en el fondo, todo siga igual?
Es desde esa incomodidad que escribo esta nota. No para sumar una historia más al archivo del abandono, ni para reiterar el diagnóstico ya conocido. Lo hago para decir que hoy, en 2025, seguimos enfrentando la misma herida abierta: personas mayores que no pueden ser dadas de alta porque no hay quién las reciba. Y no porque tengan una patología activa. Sino porque el país no tiene un sistema para cuidar, acoger y proteger.
Una persona mayor se recupera clínicamente, pero no puede dejar el hospital. No hay red familiar activa, no hay residencia con cupo, no hay plan de egreso ni recursos municipales disponibles. Mientras tanto, Salud considera que su parte está cumplida. Desarrollo Social no tiene respuesta oportuna, no articula. Las municipalidades hacen lo que pueden. Y el hospital, que debería ser una estación de paso, se transforma en residencia forzada. La cama deja de ser clínica y se vuelve trinchera. La espera se transforma en violencia. Muchas veces, en fallecimiento, en silencio y soledad.
Quien queda atrapada en ese limbo es una persona mayor. Y quienes sostienen esa crisis a diario, sin ley, sin protocolo, sin reconocimiento, somos los equipos sociales de los hospitales públicos, que por cierto, somos pocos y mal remunerados.
Hoy, y desde la pandemia estamos frente a una urgencia sociosanitaria. Y lo más grave: no es nueva. Solo que ahora los números crecen y las justificaciones se desgastan.
La fragmentación institucional es parte del problema. Salud actúa por su lado. Desarrollo Social por el suyo. No hay puentes, no hay un circuito de respuesta integrado, no hay una responsabilidad compartida. Y cuando el Estado no se articula, lo que se produce es abandono por omisión.
Sí, abandono. No solo familiar. También estatal. Porque cuando no hay política de cuidados, cuando no hay mecanismos reales de egreso, cuando no hay condiciones para la continuidad de la vida fuera del hospital, el abandono se institucionaliza.
La Ley Hijito Corazón puede abrir una discusión legítima: cómo exigir a hijas e hijos que no abandonen a sus padres. Pero no podemos construir políticas públicas desde la sanción si no existen las garantías para acompañar. Castigar el abandono sin red de apoyo es una contradicción ética. Porque el cuidado no puede depender solo del vínculo biológico. El cuidado debe ser una obligación social, no una herencia afectiva.
Chile necesita con urgencia un Sistema Nacional de Cuidados, con enfoque sociosanitario, que articule salud, protección social, comunidad y territorio. Que contemple derivaciones desde el primer día de hospitalización. Que piense en los egresos como transiciones y no como expulsiones. Que asegure residencias públicas dignas, atención domiciliaria continua y alternativas comunitarias reales.
Porque hoy, el alta médica puede ser el inicio de una condena.
Porque hoy, la persona mayor queda sola entre instituciones que no conversan.
Y porque hoy, lo que estamos viendo no es solo una carencia: es una decisión política.
La vejez no puede vivirse como espera. No puede gestionarse como residuo. No puede dejarse para después.
La urgencia es sociosanitaria. Y es ahora.
Porque nadie debería morir en una cama de hospital esperando que el Estado haga lo que debió haber hecho hace años: cuidar
Por Maritza Ortega Palavecinos
Trabajadora Social – Hospital Público
@trabajosocial_saludpublica
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