La política de control fronterizo impulsada por la administración del presidente José Antonio Kast se enfrenta a su mayor revés, que impide la expulsión de inmigrantes irregulares.
Fue la misma Policía de Investigación quien reconoció que es inviable el expulsar a los 6 mil ciudadanos venezolanos, dejando en evidencia los límites estructurales de una de las principales promesas de campaña del actual gobierno.
El debate se instaló en la comisión de Gobierno del Senado en plena jornada donde la comisión votará el proyecto de ley que convierte el ingreso clandestino al país en delito. En ese contexto, fue el prefecto de la PDI encargado de Migraciones, Ernesto León, quien expuso uno de los principales problemas que impiden la expulsión de los ciudadanos venezolanos que se encuentran irregulares en Chile.
“No hay relaciones consulares, no los podemos identificar y no los aceptan”; también reconoció que desde junio de 2025 están congeladas las expulsiones hacia Caracas. Las cifras indican que son cerca de 6 mil deportaciones hacia Venezuela las que están pendientes.
La situación ya había quedado expuesta la semana pasada, cuando se concretó el primer vuelo de expulsión con 40 personas de nacionalidad colombiana, boliviana y ecuatoriana, sin incluir a ciudadanos venezolanos, pese a la alta presencia en el país.
Esto plantea una nueva traba a la política impulsada por el presidente Kast, sumado al problema económico que implica el realizar un operativo de expulsión, dado que, si se incluyen los traslados, escoltas policiales y coordinación internacional, da un costo de $3 millones por persona.
¿Te gustó esta noticia?
Recibe las mejores noticias de Puente Alto cada semana directamente en tu correo.
📧 Sin spam • Cancela cuando quieras • +2,500 suscritos
