El Tercer Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco de Chile a pagar una indemnización de perjuicios a la madre y a los abuelos de un interno que falleció al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Puente Alto, tras ser atacado en una riña por otro recluso.
En la sentencia correspondiente a la causa Rol C-31.653-2019, la jueza Soledad Araneda Undurraga determinó la existencia de una falta de servicio por parte de Gendarmería de Chile, al no haber cumplido con la obligación legal de resguardar la vida y la seguridad de las personas bajo su custodia.
Hacinamiento y falencias en la seguridad del recinto
De acuerdo con el fallo judicial, los hechos ocurrieron el viernes 21 de septiembre de 2018 en la Torre N° 4 del Centro de Detención Preventiva de Puente Alto. La resolución estableció que el recinto presentaba serias deficiencias operativas y de infraestructura al momento del ataque:
Falta de vigilancia: El establecimiento no contaba con sistemas de cámaras para el monitoreo de los reclusos.
Insuficiente fiscalización: No se acreditaron medidas efectivas para prevenir la fabricación, tenencia y uso de armas blancas artesanales dentro del penal.
Problemas de infraestructura: Se constataron condiciones de hacinamiento en el sector donde ocurrió la agresión fatal.
En la resolución, la magistrada precisó que lo anterior implica reconocer que:
«El viernes 21 de septiembre de 2018, en la Torre N° 4 (…) dicho recinto presentaba problemas de hacinamiento, no contaba con cámaras de vigilancia, no se cumplió el deber legal de seguridad y, además, no se ejerció el deber de fiscalización en la fabricación de armas… por consiguiente, es permisible tener asentada la falta de servicio por parte de Gendarmería de Chile».
Desestiman argumento de la defensa fiscal
El Fisco de Chile solicitó rechazar la demanda argumentando que los daños fueron causados por el actuar de un tercero. Sin embargo, el tribunal desestimó dicha defensa al concluir que la agresión fue posibilitada por el incumplimiento de los deberes de custodia y control a cargo de la institución penitenciaria.
Si bien la jueza reconoció las dificultades presupuestarias, de personal y el incremento en la peligrosidad de la población penal que enfrenta Gendarmería a nivel nacional, enfatizó que ello no exime al Estado de su responsabilidad de garantizar condiciones básicas de seguridad dentro de las cárceles.
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