Una decisión administrativa que duró solo 48 horas mantiene tensionado el debate político y diplomático en torno al proyecto de cable submarino entre Chile y China, luego de que El Mercurio revelara que el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, firmó el decreto que otorgaba la concesión y lo dejó sin efecto dos días después.
La firma y rápida anulación del decreto ha generado suspicacias en el escenario político nacional y alimentado un intenso debate en el contexto de las actuales tensiones internacionales que involucran a Chile, Estados Unidos y China.
Decreto fue firmado el 27 de enero y eliminado el 29
El pasado 27 de enero, el ministro Juan Carlos Muñoz firmó un decreto que otorgaba a la empresa China Mobile International (CMI) Chile SpA una concesión de Servicio Intermedio de Telecomunicaciones para instalar, operar y explotar un sistema llamado proyecto Chile–China Express, un cable submarino de fibra óptica que conectaría Hong Kong con Concón (Región de Valparaíso), con una extensión aproximada de 19.873 kilómetros y una vigencia de 30 años.
El documento autorizaba a la compañía a establecer la infraestructura bajo estándares técnicos como tecnología de multiplexación por división de longitud de onda densa (DWDM), con cientos de repetidores en aguas internacionales y jurisdiccionales de Chile.
No obstante, dos días después, el 29 de enero, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) anuló el decreto por “razones de error técnico o en su tipeo”, según consta en el registro administrativo, tras una solicitud del jefe de gabinete del organismo.
Gobierno sostiene que sigue en evaluación y no hay aprobación definitiva
Tras la revelación del caso, desde el Ejecutivo han explicado que la medida no implicó una autorización final del proyecto, sino que se trató de un documento que quedó en una etapa administrativa temprana.
La ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, afirmó que Muñoz decidió revisar más exhaustivamente los antecedentes tras conversaciones con representantes diplomáticos, y subrayó que “un país soberano no puede dejarse amenazar”.
Asimismo, el Gobierno aclaró que aún no envía el proyecto a la Contraloría General de la República para la toma de razón, lo que, según explicó, demuestra que la iniciativa sigue en evaluación técnica y jurídica antes de cualquier decisión definitiva. Por su parte, el ministro Muñoz reiteró que la anulación no implica un cambio de criterio, ya que el proyecto continúa en análisis y todavía deben resolverse observaciones administrativas antes de definir su futuro.
Contexto diplomático: sanciones de EE.UU. y tensión internacional
La polémica no se limita al ámbito interno, sino que ha trascendido a la arena internacional.
Recientemente, el Departamento de Estado de Estados Unidos impuso restricciones de visa a tres funcionarios chilenos, incluyendo a Muñoz, acusándolos de haber participado en actividades que “socavan infraestructuras críticas de telecomunicaciones y comprometen la seguridad regional”.
Desde La Moneda, el Gobierno calificó la medida como “arbitraria, unilateral y sorpresiva”, presentó una nota de protesta formal contra Washington y afirmó que las imputaciones carecen de sustento y se basan en presunciones.
¿Qué significa para Chile?
Aunque la concesión fue anulada rápidamente, el caso deja varios elementos en discusión:
- Estrategia digital nacional: El proyecto habría posicionado a Chile con mayor conectividad directa con Asia, en particular con China, potenciando intercambio de datos y capacidades de infraestructura crítica.
- Riesgos y seguridad: La intervención de Estados Unidos puso el foco en los posibles riesgos de seguridad en infraestructura de telecomunicaciones.
- Proceso administrativo: La anulación por errores técnicos reavivó cuestionamientos sobre la rigurosidad del proceso de evaluación interna de proyectos de alta relevancia.
El Ejecutivo ha insistido en que el cable submarino Chile-China sigue en fase de evaluación y no representa una aprobación definitiva, y que su destino dependerá de estudios técnicos, regulatorios y jurídicos más profundos antes de avanzar.
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