La Cámara de Diputados aprobó el proyecto “Escuelas Protegidas”; la propuesta obtuvo 103 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones. Con esto, el Senado revisará la iniciativa.
El proyecto que presentó el gobierno de José Antonio Kast busca fortalecer la seguridad en las escuelas, otorga mayores facultades como la revisión de mochilas en los recintos y además prohíbe otorgar gratuidad por cinco años a quienes cometan delitos contra personas o propiedades.
El último punto relacionado con la gratuidad obtuvo más de 80 votos; con esto, el gobierno se anotó un triunfo político importante para su gestión. Sin embargo, tal como lo habían adelantado, las diputadas Emilia Schneider (FA) y Daniela Serrano (PC) realizaron siete reservas de constitucionalidad durante la votación de las indicaciones presentadas al proyecto; a ellas se sumó el diputado Héctor Ulloa (PPD), quien realizó solo una.
Esto revela una clara división política, desde el oficialismo defienden la iniciativa como una herramienta para fortalecer la seguridad, mientras que la oposición advierte que las reservas constitucionales no serán solamente testimoniales y que recurrirá al Tribunal Constitucional al considerar que algunos puntos del proyecto podrían vulnerar normas fundamentales.
Reacciones desde las bancadas
Paulina Olmos, diputada del Partido de la Gente, afirmó que “el PDG no está en contra de la seguridad, pero sí vamos a velar por cuidar a nuestros docentes y asistentes de la educación. Este proyecto tiene vacíos importantes y nadie nos escuchó donde correspondía”.
La diputada Gael Yeomans (FA) criticó que “en el proyecto Escuelas Protegidas, los diputados de Kast ni siquiera fueron capaces de votar a favor de informar a los papás cuando sus hijos sean revisados en los colegios”, sostuvo.
Desde el gobierno, la ministra de Educación, María Paz Arzola, defendió el diseño del proyecto frente a las críticas “Existe la tentación de querer sobre regular materias que en la práctica terminan entorpeciendo la aplicación de las medidas que hemos querido introducir. Esa es una de las razones por las que hemos optado por un proyecto que no entre tanto en detalle, que permita que los colegios incorporen en sus reglamentos internos medidas que los ayuden a hacer frente y prevenir hechos de violencia, sin generar una sobrecarga que haga estas medidas inaplicables”, explicó.
Con este resultado y entre tensiones políticas, el proyecto espera la revisión por la Comisión de Educación del Senado y luego avanzará a la Cámara Alta, donde los legisladores definirán si lo despachan como ley o lo devuelven a la Cámara para un eventual tercer trámite.
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